Además, se consagra en esta ley un comportamiento tan deplorable y de tan dudosa legalidad como son las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Estas expulsiones de inmigrantes, violando todos sus derechos y sin permitírseles el acceso a asistencia letrada, se estaban realizando a pesar de estar expresamente prohibidas en la normativa anterior y habían generado ya pronunciamientos en contra por parte de las instituciones europeas. Aún así, se legalizan a través de esta ley de «Seguridad Ciudadana», sin que podamos entender cómo puede afectar a la seguridad ciudadana el hecho de que a un inmigrante que reclama derecho de asilo se le permita acceder al territorio del estado español.
¿Qué se pretende lograr con esta normativa? Según el gobierno español, se persigue lograr un ejercicio del derecho de manifestación libre de violentos. En la práctica, como decíamos más arriba, se busca la intimidación a los ciudadanos para evitar la reivindicación: la palabra de la policía tiene valor probatorio, se sancionan con multas administrativas cosas como faltar al respeto a las fuerzas de seguridad, grabar a la policía aún cuando se encuentren en la vía pública, negarse a identificarse, manifestarse para impedir un desahucio, manifestarse en el interior de una entidad bancaria, negarse a disolver una manifestación legalmente convocada, manifestarse en infraestructuras de servicios públicos y ante el Congreso y el Senado… Incluso se sancionan las llamadas «performances», los actos recreativos y artísticos realizados en la vía pública orientados a la reivindicación. En resumen, esta ley ha nacido para atajar las nuevas formas de expresión del descontento por parte de los ciudadanos. Movimientos como el 15M, los escraches, los encierros, las acciones antidesahucios, rodea el Congreso… acciones que hasta ahora entraban dentro de los márgenes legales, se penalizan más duramente o bien se redirigen del ámbito penal al administrativo, menos garantista, sin acceso a justicia gratuita y sujeto al pago de tasas cuando se trata de recurrir la sanción.